Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la clase política colombiana, tras las recientes revelaciones publicadas por La W Radio, que involucran al exrepresentante del Cauca, Carlos Julio Bonilla Soto. El caso se desprende del testimonio del excongresista José Roberto Herrera, condenado a ocho años de prisión por liderar una red de compra de cupos indicativos para desviar recursos de obras públicas en Magdalena y Bolívar. Herrera se ha convertido en testigo clave al aportar pruebas que han salpicado a varios exlegisladores.
José Roberto Herrera, quien cumplió funciones como representante a la Cámara por el Magdalena, confesó haber construido una red de corrupción basada en el manejo de cupos indicativos asignados por el Gobierno. Estos cupos, diseñados para financiar obras en regiones del país, eran negociados con sobornos y transferencias ilegales que involucraban a contratistas y otros congresistas.
En su declaración, Herrera señaló al exrepresentante Orlando Clavijo Clavijo como uno de los principales implicados. Este, presuntamente, accedió a ceder un cupo indicativo valorado en 6.000 millones de pesos a cambio de un soborno de 600 millones. Las pruebas incluyen transferencias bancarias y registros de reuniones que también involucran a tres excongresistas: Gerardo Tamayo Tamayo, Carlos Uriel Naranjo, y Carlos Julio Bonilla Soto.
El papel de Bonilla Soto
Según las evidencias presentadas, Carlos Julio Bonilla Soto habría recibido consignaciones relacionadas con el esquema delictivo. Herrera reveló que las transferencias fueron realizadas siguiendo instrucciones de Orlando Clavijo. En el caso de Bonilla Soto, se habría consignado dinero a través de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Aunque Bonilla ha negado cualquier implicación, las pruebas incluyen registros financieros y testimonios que respaldan la versión de Herrera.
El exrepresentante Herrera también aseguró que estos fondos provenían de actividades corruptas, como la obtención de coimas de contratistas. En total, Herrera confesó haber amasado 11.000 millones de pesos por este tipo de operaciones.
Reacciones y avances judiciales
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está liderando las investigaciones. Hasta el momento, las pruebas recabadas incluyen:
Extractos bancarios que muestran consignaciones realizadas desde Barranquilla.
Testimonios que vinculan a los implicados con reuniones en el Ministerio de Hacienda.
Registros de acceso al Congreso que coinciden con las fechas y horarios mencionados por el testigo.
La defensa de Bonilla Soto ha negado cualquier relación con José Roberto Herrera o con las actividades ilícitas descritas. Sin embargo, las pruebas documentales aportadas por la Corte muestran inconsistencias en las explicaciones ofrecidas por los implicados. Por ejemplo, otros congresistas como Gerardo Tamayo han intentado justificar transferencias argumentando deudas personales, pero las versiones han sido desmentidas por familiares y registros financieros.
El impacto de los cupos indicativos
El escándalo también pone en el centro del debate el uso de los cupos indicativos por parte de congresistas. Este mecanismo, concebido para impulsar proyectos en las regiones, ha sido cuestionado por su opacidad y el riesgo de ser usado con fines corruptos. Testimonios de exfuncionarios como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras confirman que los cupos se han utilizado en ocasiones para comprar apoyos políticos, lo que, si bien no es ilegal en sí mismo, se convierte en delito al mediar acuerdos ilícitos.
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