La gobernadora del Chocó ha elevado una grave denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis humanitaria que enfrenta su región, generada por la presencia y enfrentamientos entre las FARC, el ELN y otros actores violentos que han copado el departamento. Con un 80% del territorio afectado por minas antipersona y constantes combates, la gobernadora ha solicitado apoyo internacional urgente para mitigar la crisis y garantizar la seguridad de la población chocoana.
La gobernadora del Chocó ha denunciado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la grave crisis humanitaria que enfrenta su departamento debido a la presencia y accionar de grupos armados ilegales, incluyendo las disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras criminales. La situación es alarmante: el 80% del territorio está afectado por la presencia de minas antipersona, los combates entre facciones armadas han generado desplazamientos masivos, y las comunidades afro e indígenas están sometidas a confinamientos forzados y violencia sistemática.
El impacto en la población es devastador. Los derechos fundamentales de miles de habitantes han sido vulnerados en un contexto de violencia extrema. La gobernadora ha instado a la comunidad internacional a intervenir con medidas urgentes que garanticen la protección de los derechos humanos y la asistencia humanitaria.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el aumento de asesinatos selectivos, reclutamiento forzado de menores y ataques contra líderes sociales que intentan visibilizar la crisis. La falta de presencia efectiva del Estado ha permitido que estos grupos ejerzan un control territorial basado en el miedo y la coerción.
El llamado ante la OEA busca generar una respuesta contundente que implique no solo ayuda humanitaria, sino también medidas efectivas para desmantelar las redes criminales que mantienen a Chocó en una crisis de violencia estructural. La comunidad internacional enfrenta ahora la responsabilidad de actuar frente a una crisis que ha alcanzado niveles insostenibles y que amenaza con profundizar aún más la crisis de derechos humanos en Colombia.
Por: Armando Melendez
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